El mercado de los alquileres en el país ha estado en constante tensión debido al aumento de la inflación y los crecientes precios de las rentas. Esto ha llevado a una disminución de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos y a dificultades para llegar a fin de mes.
El Gobierno, en un esfuerzo por abordar esta situación que afecta a muchas familias, ha implementado una serie de medidas a lo largo de los últimos meses.
Estas acciones buscan aliviar la carga financiera de aquellos que alquilan viviendas y en particular, de aquellos que viven en las principales ciudades del país, como Barcelona, Palma, Valencia, Málaga, Alicante, Madrid, San Sebastián y Las Palmas de Gran Canaria.
Costos de alquileres son un 36% de la nómina
Según un informe publicado en La Información, durante el tercer trimestre de 2023, el 15% de la población en España, específicamente aquellos que residen en las ciudades antes mencionadas, destinan en promedio un 36,7% de sus ingresos al pago del alquiler de sus viviendas.
Estas cifras reflejan una realidad preocupante: los precios de los alquileres han estado en constante aumento, lo que genera una carga adicional en medio de incrementos en el costo de vida y en los precios de la gasolina.
Además, esta situación ha llevado a una disparidad significativa, ya que la subida de los alquileres en estas ciudades representa un 4,1% de aumento.
Regulación
Para abordar este problema, el Gobierno ha anunciado cambios significativos en las regulaciones de alquileres. En un contexto generalizado de alzas de los precios de las viviendas en alquiler, se han establecido una serie de medidas con el objetivo de facilitar el pago mensual de los alquileres.
En primer lugar, se ha fijado un límite del 2% para los aumentos en las revisiones de los contratos de arrendamiento hasta finales de este año. Esto significa que los propietarios de viviendas en alquiler no podrán aumentar el alquiler en más del 2% en las revisiones contractuales.
La medida tiene como objetivo evitar aumentos excesivos y brindar a los inquilinos una mayor estabilidad financiera.
Además, se ha establecido una obligación de prórroga de los contratos que expiraban antes del 30 de junio. Estos contratos serán extendidos automáticamente por seis meses, siempre que el inquilino lo solicite.
La excepción a esta norma es si el propietario necesita la vivienda para su uso personal, para sus familiares o para su cónyuge. Esta extensión automática de los contratos proporcionará a los inquilinos un mayor grado de seguridad residencial.
Por otro lado, aquellos inquilinos con ingresos más bajos y alquileres mensuales de hasta 600 euros tienen la opción de solicitar ayudas económicas, siempre que cumplan con ciertos requisitos económicos.
Estas subvenciones son administradas por las comunidades autónomas y se otorgan según las circunstancias individuales de cada solicitante.
